Desde hace algunos meses, y sobre todo tras el conflicto suscitado por el manejo de la renta agropecuaria, se viene instalando el debate sobre una posible nueva ley de Radiodifusión o ley de Servicios Audiovisuales. Si bien es cierto que el momento más álgido de la discusión pública parece haberse desgastado como el pegamento de los adhesivos con la leyenda “TN Todo Negativo”, la importancia del tema sigue requiriendo una participación activa con posiciones propias en el debate. Esto, claro, más allá de si finalmente se vota o no una nueva ley y más allá de si sus hipotéticos contenidos son o no progresistas: de cualquier manera va a ser necesario plantear otro camino para enfrentar la concentración mediática y los negocios de la telefonía.
En este sentido es fundamental expresar una posición política pública como sector interesado en la comunicación (comunitaria, alternativa, popular) y desde nuestras organizaciones políticas y sociales. Es necesario y urgente sumar el tema a nuestras reivindicaciones (hablamos del acceso masivo a la palabra), así como también ponerle el cuerpo a una campaña que tome el asunto como eje y exija al gobierno la publicidad de los borradores de la ley, la transparencia en los mecanismos de pedido, reserva y adjudicación de frecuencias para organizaciones populares, los requerimientos de un plan técnico y las características y tiempos de la reconversión tecnológica que supone la TV digital.
Porque si por un lado no podemos esperar a ser “legales” para montar nuestros propios medios de comunicación (por el contrario tenemos que seguir llenando de hecho el espectro con nuestras voces, nuestros proyectos y nuestras experiencias), por el otro tampoco debemos abandonar la lucha por una nueva ley de radiodifusión: ambas son las caras de una misma moneda y parte de una pelea integral por la construcción de una nueva sociedad.
La ley vigente 22.285
Recordemos que la ley vigente, la 22.285 de 1980, es en realidad un decreto ley de la dictadura que se viene arrastrando desde entonces y que hasta ahora no fue derogada, convirtiéndose en una de las deudas pendientes más bochornosas de la democracia y desnudando con toda claridad cuánto hay de verdad en la frase que dice que ésta es consecuencia de aquella. La 22.285 es claramente restrictiva, autoritaria y excluyente y desde su promulgación impide sistemáticamente que toda organización sin fines de lucro, social o cultural pueda acceder a las frecuencias radioeléctricas.
Esto último fue parcialmente modificado durante el gobierno de Kirchner mediante la ley 26.053, que sustituye la redacción del artículo 45 (luego de haber sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia). Sin embargo esta modificación no logró cambiar sustancialmente el panorama: por un lado sigue impidiendo el acceso a las cooperativas de servicios públicos; por el otro, al no aplicar un plan nacional de radio y televisión que normalice el espectro radioeléctrico a través del llamado a concurso público de frecuencias (garantizando a su vez un porcentaje del espectro para las emisoras comunitarias o alternativas), las modificaciones por ahora no hicieron mucho más que quedar en el papel.
Pero la 22.285 tuvo además otras reformas bastante menos simpáticas que ésta, que profundizaron todavía más sus aspectos pro-comerciales y antidemocráticos. Las más importantes de ellas realizadas durante el menemismo (es clave la ley 23.696 de Reforma del Estado, que permitió la concentración en multimedios). Aún así, este hecho no convierte a la 22.285 “original” en una ley que comparada con lo que quedó sería “progresista” (como si la ley ahora fuera otra distinta que la misma 22.285). Ése es el planteo, nada inocente por cierto, de Clarín cuando publica que del texto original de la 22.285 ya no quedaría “casi nada”. Frente a esto hay que tener en cuenta que la ley vigente es un Frankenstein sin costado amable alguno, una reglamentación cocida sobre la base del material cadavérico heredado de la dictadura (en todas sus lecturas posibles).
Para que quede bien claro: las modificaciones no hicieron sino extender su carácter excluyente, abriendo la posibilidad de la creación de los multimedios previa privatización de los medios estatales. Privatización que ya estaba pautada en los años finales de la dictadura pero que quedó para ser realizada en democracia. Lo que prueba, una vez más, que las modificaciones hechas en democracia son consecuencia del texto de la dictadura, como sucede en otros ámbitos de la vida pública.
El hecho de seguir padeciendo un decreto ley firmado por genocidas para regular el acceso a la radiodifusión es motivo suficiente para poner el cuerpo a la exigencia de su derogación, que –hay que destacar- viene siendo resistida desde 1983 y obturados muchos de los debates que generó. Sin embargo buena parte de la militancia popular o bien deja el tema en manos de “expertos”, cerrando las posibilidades de contar con canales de expresión propios que disputen el sentido y construyan una nueva subjetividad, o bien se dejan llevar por la comodidad y el achanchamiento que supone sostener que “no se va a votar una nueva ley”, que “va a ser igual” o que “no va a representar los intereses populares porque va a seguir siendo una ley burguesa”.
Está claro que cualquier reemplazo en el marco del actual sistema de acumulación capitalista no va a estar comprometido táctica ni estratégicamente con la causa de los pueblos. Pero esto no supone dejar las cosas como están, sobre todo cuando se trata de cambiarlas. Es fundamental pensar el tema de la comunicación desde un punto de vista gremial y sectorial y tener reclamos y reivindicaciones puntuales: por ejemplo, contar con frecuencias radioeléctricas para las organizaciones populares y presionar para hacer efectivo el rumor del 33 por ciento del espectro para este sector. No hacerlo es dejar esta zona de pelea, que está íntimamente vinculada con la construcción del imaginario social y por lo tanto con la lucha ideológica, regalada en bandeja para repartija de las distintas fracciones de la clase dominante.
El borrador en secreto
Hasta ahora el borrador de la nueva ley se mantiene en secreto, aunque el actual interventor del Comfer Gabriel Mariotto viene asegurando en general que el texto contempla los “21 puntos básicos por el derecho a la comunicación” (ver en www.coalicion.org), los cuales han sido recientemente declarados de interés por la Cámara de Diputados de la Nación. Los “21 puntos” son una serie de planteos centrados en la necesidad de una nueva ley de la democracia realizados por un conjunto heterogéneo de organizaciones, expertos y medios comunitarios más o menos institucionalizados, organizados en la llamada Coalición por una Radiodifusión Democrática.
Los 21 puntos son políticamente correctos: apuntan a la democratización de las comunicaciones, el pluralismo y el derecho a la información como un derecho humano. Pero esto no debe traducirse en un dejar hacer o conformarse; al contrario, es necesario construir nuestros propios espacios para intervenir sobre el tema, yendo más allá de los 21 puntos con planteos y reivindicaciones propias. Sobre todo cuando la Coalición, tras reunirse con la presidenta de la Nación, se comprometió en carta abierta a “apoyar, acompañar y sostener el proyecto que Ud., con valentía institucional, se ha comprometido a impulsar”. ¿Qué proyecto?
El hecho de que circule en secreto no es menor y genera justificadas sospechas. Sobre todo cuando lo que se está debatiendo es el derecho a la comunicación como derecho humano, ¿cómo es posible que no se dé a difusión el texto para permitir el debate colectivo? Es claramente contradictorio señalar que la nueva ley será democrática y al mimo tiempo cercenar la posibilidad de participar en su diseño o hacer escuchar las voces comunitarias, alternativas, sociales. Por eso la primera reivindicación debe ser nuestra exigencia de que se dé a publicidad el borrador de la ley. Si la ley va a ser democrática, el Gobierno debe responder por esa democratización.
De modo que como sector interesado debemos impulsar una línea de acción que presione para sacar a la luz “en toda su desnudez” el espíritu de la ley que se viene delineando desde el gobierno. Porque, obviamente, que los 21 puntos vayan a ser teóricamente contemplados no significa ninguna garantía para una comunicación popular. Y, junto con esto, es fundamental plantear una segunda reivindicación centrada en la anulación del decreto 527 firmado por Kirchner en 2005, porque con este decreto vigente no es posible hablar de radiodifusión democrática ya que mantiene la concentración al suspender el cómputo de los plazos de las licencias de las empresas de radio y TV por varios años años, beneficiando una vez más a las grandes corporaciones.
Frecuencias para las organizaciones populares
Uno de los puntos que Mariotto está divulgando alrededor de la nueva ley es la división del espectro radioeléctrico en tres partes: una para la radiodifusión pública, otra para la privada comercial y una tercera para las organizaciones sociales y comunitarias. Esto sin duda significa un gran avance, pero para no conformarnos con el espejismo es necesario garantizar el conocimiento del borrador para ver los términos de semejante propuesta, presionar sobre ese punto y pelear para certificar nuestra presencia en el éter. Una tercera reivindicación es entonces la socialización del espectro radioeléctrico. Lo cual está directamente conectado con una cuarta reivindicación: la transparencia en los mecanismos de pedido, reserva y adjudicación de frecuencias.
La lucha por una nueva ley de radiodifusión va a ser fundamental para conocer y/o exigir claridad respecto de los requerimientos técnicos y de inversión de capital; la disponibilidad real de frecuencias teniendo en cuenta la saturación del espectro; qué se entiende por organizaciones sociales y por medios comunitarios, explicitando cuál será el alcance de estas señales de manera de evitar la trampa que podría implicar una definición de lo comunitario asociado a un alcance limitado de la señal que haría más interesante el diálogo cara a cara con el vecino que mediado por una radio, etc. Esto obviamente entronca con la lucha por la anulación del 527, ya que buena parte de las frecuencias (que sin embargo son un patrimonio común de la humanidad que los Estados sólo pueden gestionar) están en manos de las grandes corporaciones.
Por último y asociado a lo anterior planteamos una quinta reivindicación, vinculada con las implicancias de la reconversión tecnológica que supone la televisión digital y los debates alrededor de la adopción del modelo tecnológico (yanqui, europeo o japonés). De acuerdo con la adopción de uno u otro modelo son distintos sectores del capital los que se enriquecerán, y aquí entran a jugar también los intereses de las telefónicas con el muy posible negocio del triple play (convergencia de TV, telefonía e Internet). Es fundamental intervenir en ese debate, que en definitiva es intervenir en el debate estructural de las comunicaciones. Asimismo, si bien según el modelo adoptado habría lugar para 4 a 6 frecuencias donde entraba una en la radiodifusión analógica (la actual), es necesario conocer qué sucederá cuando en pocos años (10, 20) los transmisores y receptores analógicos sean dados de baja.
¿Qué clase de inversión habrá que realizar para sostener transmisiones digitales de televisión o radio? Esta pregunta lleva a pensar en la desigualdad social y de clase, que cruza todo el debate sobre la comunicación popular: en efecto, dependiendo de ese costo o de las desiguales posibilidades de acceso se estará o no en condiciones de obtener frecuencias. Como se puede apreciar, el tema tiene muchas aristas: por eso es necesario encarar la lucha para o bien desnudar la inexistencia de tal borrador o bien para conocerlo y garantizar así nuestra voz en los debates.
La posibilidad de presionar para obtener frecuencias no debe ser dejada de lado, y debe ser una reivindicación constante. La forma más efectiva de presión no es esperar sentados a tener permiso para emitir ni dejar en manos de expertos y funcionarios que no nos representan la responsabilidad de intervenir en el debate. Se trata de una lucha integral y en este sentido conviene revisar la experiencia venezolana. Poblar el éter con nuestras voces y miradas, pelear por el reconocimiento, desnudar el carácter de las propuestas en curso, enfrentar el discurso único y la concentración de las empresas de la información y el entretenimiento; en fin, apuntar a la socialización del espectro radioeléctrico.
Natalia Vinelli
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