miércoles, 28 de agosto de 2013

Ley de Medios para los comunitarios!


La ley de medios es perfectamente legal en todos sus artículos. Aparece su texto como una posibilidad de dar un nuevo marco legal que permita un avance progresivo respecto de la situación anterior
Ahora bien, ¿qué pasa a 4 años de su sanción? El único punto donde se han puesto esfuerzos es en abrir el espacio mediático a nuevos grupos empresarios. Los demás puntos han quedado relegados a aplicaciones marginales en algunas radios FM periféricas, de muy baja potencia, en zonas de baja densidad poblacional y donde no hay saturación de espectro. Y esto pese a que el texto de la ley reserva del 33 por ciento para los medios sin fines de lucro, mientras que el restante se reparte entre la industria privada y los medios públicos (universidades, Estado, escuelas, municipios, comunidades indígenas, etc.).
Por lo tanto nuestra conclusión es que la letra de la ley es una cosa y el espíritu con que las autoridades del ejecutivo la impulsaron y la implementan otra. Y a eso se suma que ninguna puerta se abre en el ASFCA, menos para la construcción colectiva de una nueva lógica en el campo de la comunicación que respalde la implementación de la ley. Y con Sabattela esto ha sido peor. ¿Por qué no llaman a los medios comunitarios y a los actores que deberían ser parte de esto a trabajar para construir un nuevo tipo de comunicación? Porque no les interesa.
Por lo tanto queda claro que como toda ley, por más justa que sea, puede aplicarse o no, y este gobierno ha decidido aplicarla para Spoltsky y otros, y para movilizar a sus partidarios. No para transformar la realidad (o sólo para hacerlo en el discurso).
Por eso les decimos que no participamos de la marcha que se convoca hoy.
Que esperamos que la corte dé vía libre a los dos artículos paralizados y que Clarín se atenga a derecho.
Que esperamos que el gobierno de vía libre a los 160 artículos restantes que mantiene sin aplicación por decisión propia
Y que seguiremos luchando y reclamando por la aplicación de la ley en su aspecto más progresivo, el del 33% para la comunicación popular y para acorralar al mercado y su lógica alienante (sea de cualquier facción empresarial).

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