Sobre la ley de medios

La reciente presentación del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Congreso reavivó el debate sobre la obligación de terminar con la vieja deuda que implica la vigencia del decreto ley 22.285. Esta ley, aprobada en dictadura y modificada largamente en democracia (lo que profundizó su carácter autoritario y excluyente), muestra con claridad cuánto hay de verdad en la frase que dice que la democracia controlada de hoy es consecuencia de la dictadura iniciada en 1976.
Hoy el debate está planteado en términos de falsas antinomias con las cuales suelen ocultarse las contradicciones. Si el punto de partida es oponer una ley de la dictadura a una ley de la democracia, como lo plantea el kirchnerismo, está claro que no hay debate posible: acá la intención deliberada es ocultar las contradicciones de fondo.
El escenario abierto con la presentación del proyecto de ley permite a los medios populares, alternativos y comunitarios profundizar una acción que tienda a disputar la masividad. La posibilidad de intervenir para lograr frecuencias pone a los medios populares y alternativos en otro escenario que se puede aprovechar si lo pensamos estratégicamente, teniendo en el horizonte una nueva comunicación, un nuevo Estado, una nueva sociedad.
Pero si una nueva ley de medios implica la renovación de la concentración, el cambio de un monopolio por otro con el ingreso de las telefónicas al negocio, no habrá democratización de la comunicación posible en Argentina.
Creemos en la necesidad de una nueva ley de medios democrática y popular sin concesiones a la derecha y a los grupos económicos. Por eso exigimos, junto a la RNMA (red nacional de medios alternativos) que sean tenidas en cuenta las propuestas presentadas en los foros de debate, hoy ausentes en el texto del proyecto de ley enviado al Congreso.
Por que queremos una ley con nosotros en ella, decimos:
-Derogación del Decreto 527/05.
-Definición de los medios comunitarios, populares y alternativos como actores con características, necesidades y responsabilidades específicas.
-Mayor pluralidad y representatividad en los órganos de control.
-Reducción del número de licencias por prestador, en el camino de una línea antimonopólica y antioligopólica.