Políticas públicas para el sector audiovisual

Santiago Marino es Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Además dirige actualmente la Maestría en Industrias Culturales: Políticas y Gestión, de la Universidad Nacional de Quilmes, y es docente en la materia Políticas y Planificación de la Comunicación, en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. En este diálogo con Épocas hizo un repaso por los aspectos principales de las políticas estatales desplegadas durante los gobiernos kirchneristas y analizó la situación que dejan planteadas esas iniciativas en el ámbito de la producción audiovisual y de las tecnologías digitales de la comunicación y la información. 

Más allá de los hitos más evidentes como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), ¿qué balance se puede hacer en el campo de los medios de comunicación, las industrias culturales y las “nuevas” tecnologías desde 2003 a esta parte?

Hay un elemento central que se puede destacar que es la actividad que tuvo el Estado. Hubo un conjunto articulado de acciones que es parte central de la década kirchnerista, aunque describe una parábola atada a la relación con los grandes grupos concentrados. Comienza, en 2003, tomando decisiones que benefician al sector dominante de los grupos concentrados, cuando el Gobierno sanciona la Ley de Preservación de Bienes e Industrias Culturales, una norma que beneficia fundamentalmente a Clarín porque le garantiza ciertas condiciones para sobrevivir en un contexto económico muy complicado. La parábola se cierra en 2014 con una normativa que vuelve a beneficiar la concentración, como es la Ley Argentina Digital. Pero en el medio hay decisiones que son contradictorias con ese rasgo. Fundamentalmente la LSCA, que reconfiguró el rol del Estado, en tanto productor de contenidos y actor que disputa discurso o agenda.

Por diversas razones, la producción audiovisual reforzó su centralidad en el campo de los medios y los sistemas de comunicación. ¿Qué elementos caracterizan a las políticas públicas que se desplegaron específicamente en relación con ese sector?

Hay que decir que hoy existen cuatro políticas para el sector audiovisual. Está la política histórica, que se hereda, que es la del cine. Después está la que se desprende de la LSCA. Una tercera vinculada con el desarrollo de la televisión digital abierta (TDA) y la última, que se enmarca en la Ley Argentina Digital.

En el sector cinematográfico, a simple vista, se ve más producción si se lo compara con el periodo anterior. ¿El saldo es el mismo si se consideran otros aspectos como la promoción de ciertos géneros o el fomento de espacios para la exhibición?

Ahí el kirchnerismo profundiza una perspectiva más clásica. Es decir, hay una fuerte inversión en cinematografía, reconocimiento a algunos sectores como el documental político a partir de algunas líneas de crédito. Combinada con ciertos beneficios para la exhibición, con algunas medidas que no tienen el efecto esperado, como la cuota de pantalla, y otras que por dimensión del mercado no podrían tener un gran efecto, como los Espacios INCAA, que son más significativos socialmente que en términos de cantidad de espectadores. Es una política que tiene más efecto en pueblos chicos porque se reabren salas de cine mediante esa ayuda y que generó un mejor acceso de la ciudadanía al cine, pero que no impacta en términos numéricos. Por ende hubo mejores condiciones para la producción, pero no para la exhibición. Eso se vincula también con la segunda política para el sector audiovisual, que es la de la LSCA, porque plantea la obligación para los operadores de televisión abierta de exhibición de películas nacionales pero hasta ahora no se implementó. Por eso, para sectores de la producción cinematográfica como el documental, por ejemplo, en materia de condiciones de exhibición estamos como en el estadio anterior. Para los “tanques” es una cosa y para los sectores de la pequeña producción, más militantes, es muy difícil, porque no sólo no salís del Espacio INCAA, sino que en ese espacio hay mucha rotación ya que hay pocas salas y muchas películas que se exhiben únicamente en esa instancia.

De la LSCA se desprenden condiciones para el sector que, como otros apartados de la norma, todavía no llegaron a verse en la práctica.

Con la LSCA dividiría el análisis en tres. Por un lado, el proceso de debate con ciertos niveles de participación ciudadana, con los tres poderes del Estado discutiendo la ley en distintos contextos. Por otro lado, el texto de la ley que merece un análisis en sí mismo y que tiene algunos problemas que empezamos a descubrir ahora y que yo creo que tienen que ver con las posturas binarias respecto de la ley, o sea, el haber tenido que defender la ley de posiciones que planteaban falsos debates, como que atentaba contra la libertad de expresión, por ejemplo, cosa que no permitió dar cuenta de los elementos que podían ser problemáticos a la hora de la implementación. Y, por último, el tercer aspecto que es la implementación, que se desprende claramente de los objetivos específicos de la ley, que en parte quedó pendiente.

¿Qué evaluación se puede hacer en este marco del desarrollo de la Televisión Digital Abierta?

Hay que decir que en el mismo momento histórico que se debate y se sanciona la LSCA, y en paralelo, aparece la política de TDA que es una tercera política para el sector audiovisual. Es en paralelo porque una semana después de que el proyecto de ley entra en el Congreso, se sanciona el decreto que define la norma para la TV digital y que establece las condiciones de una política para el desarrollo de la televisión digital, que pone al Estado en el centro. El Estado va a tomar las decisiones políticas y a realizar las inversiones en infraestructura. También va a crear nuevas señales, que se suman a Encuentro, como Paka Paka o INCAA TV. A su vez, va a reforzar los vínculos con un sector privado muy afín, porque en la oferta de TDA hay sectores privados que no tendrían que estar en un sistema abierto porque no tienen licencia previa para estar en el sistema analógico. Esto es un problema serio porque suponiendo una política del hecho consumado todo indica que una vez que están ahí van a seguir; es muy difícil pensar que canales como CN23, 360 o C5N puedan ser desplazados.

Al principio hablabas de una parábola que se cierra con una política que beneficia a los grupos empresariales más concentrados. ¿Qué lectura hacés de esa cuarta política que se deriva de la Ley Argentina Digital?

La Ley Argentina Digital para mí tiene algunas cosas a destacar. Por un lado, la definición de Servicio Público, de la interoperatividad de las redes y la neutralidad de la red, que implica un pasito adelante, junto con la conformación de la Autoridad de Aplicación reiterando las pautas de la Autoridad de Aplicación de la LSCA (la AFSCA). Por otro lado, es mucho más benévola con los niveles de concentración porque flexibiliza las condiciones de concentración que habían sido cambiados a partir de la LSCA. Básicamente, la Ley Argentina Digital permite que las empresas de telecomunicaciones accedan a licencias de servicios de radiodifusión, acogiéndose a las condiciones que plantea la LSCA, pero pudiendo mantener su situación actual en el sector de telecomunicaciones. En realidad lo que va a terminar pasando es que sobre todo las telefónicas van a acceder a licencias de TV por cable y sin hacer inversiones muy importantes van a poder convertirse en operadores de TV por cable a partir de 2016.

¿Ante este panorama, cómo ves el futuro inmediato?

Como dije, tenemos cuatro líneas de intervención o cuatro políticas públicas para el sector audiovisual, que además funcionan de una manera desarticulada. Esto se ve claramente en que existen cuatro agentes estatales, o sea cuatro organismos de aplicación y control que actúan en el sector: el INCAA, la AFSCA, la AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y el Ministerio de Planificación. El mayor problema a futuro que trae esto aparejado es cómo discutir, si lo que Argentina necesita es una política convergente para un sistema convergente o si hay que mantener una política divergente. Si hay que sostener una ley para cada sector o si lo mejor es una ley integral, con diferentes mecanismos de articulación para cada uno de los sectores que, hay que destacar, en la instancia de producción y en la instancia de consumo empiezan a parecerse, no así en la instancia de regulación.